Diario La Nación 14 de octubre de 2014
La sorpresiva e inhabitual demanda por un monto de 24 millones de pesos que me han entablado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y Subterráneos de Buenos Aires por haber defendido y salvado la plaza Intendente Alvear de la depredación con la construcción de una estación de subte fuera de la ley ha provocado una generalizada respuesta de solidaridad hacia mi persona y, más importante aún, con el patrimonio urbano y paisajístico porteño. La Recoleta es el primer sitio de turismo de la ciudad, y es recordada y conocida en todo el mundo, y hoy puede ser vivida y apreciada gracias a la restitución que debieron efectuar los funcionarios que la habían destruido violando varias leyes. Agradezco a todos los que se han solidarizado conmigo en estos momentos en los que enfrento una causa judicial inédita en nuestro querido Buenos Aires. Primero, a los incontables amigos argentinos y de manera representativa para no ocupar excesivo espacio sólo a algunos extranjeros: Mariano Arana, Margarita Montañez (Uruguay), Juan Carlos Pérgolis, César Eligio Triana (Colombia), Saúl Alcántara Onofre, Ángel Arcos (México), Marta Viveros Letelier (Chile), Ana Rita Sá Carneiro, Betina Adams (Brasil), Mónica Luengo (España), Michel Racine, Bénédicte Leclerc, Florence André (Francia), Juliet Ramsay, Steve Brown (Australia), Susan Buggey (Canadá), Susan Aquino (Filipinas), Margrethe Floryan (Dinamarca), Norma Barbacci (EE.UU.), Nupur Prothi Khanna (India), J. A. Buisman (Holanda), Herman van den Bossche (Bélgica), Diana Henríquez (Venezuela), Isabel Albergaria (Portugal)? y muchos otros. La defensa del bien común -o sea, de la res pública- es obligación moral de todos los que conformamos la sociedad. Para ello existen mandatos en la Constitución Nacional y en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, leyes locales (como las áreas de protección histórica) e internacionales (como la numerosa producción de la Unesco), que muestran el camino del buen uso del patrimonio cultural. A su vez, también están garantizadas constitucionalmente las acciones legales que los ciudadanos podemos y debemos utilizar para salvaguardar efectivamente ese patrimonio.